REDACCIÓN Y FOTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA
QUITO.- “No existen leyes ni normas que sean eficientes si es que no contamos con un cuerpo profesional especializado para el control del sistema de tránsito”, dijo el director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, Ricardo Antón, en su comparecencia ante la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, presidida por el asambleísta Luis Morales Solís.
El objetivo del organismo legislativo era conocer las acciones que desarrolla la Comisión de Tránsito para prevenir y, de ser el caso, sancionar los graves accidentes que se producen en el país.
El funcionario explicó que el problema no solo está en la falta de operatividad de algunas disposiciones de la Ley de Tránsito, sino sobre todo en la falta de capacidad de control, así como en la impunidad de las infracciones y delitos de tránsito. Puso como ejemplo que en la provincia del Guayas, con un parque automotor de 300 mil vehículos, la Comisión de Tránsito de esa jurisdicción levantó un millón 600 mil infracciones, mientras que en el resto del país (23 provincias) de un total de un millón cuarenta mil vehículos, únicamente se emitieron 770 mil citaciones, lo cual demuestra la poca capacidad de control que tienen los cuerpos de vigilancia, hoy en manos de la Policía Nacional.
Consideró necesario que existan cuerpos de vigilancia de tránsito con una preparación específica, porque no es posible que esta actividad esté en manos de la Policía Nacional, que tiene una formación distinta, para investigar y perseguir el delito.
Otro de los problemas es la falta de juzgamiento de las infracciones y delitos de tránsito, por lo que las boletas se han convertido en “papel tapiz” para algunos conductores (25 000) a quienes, pese ha haber agotado en la práctica los puntos de sus licencias, no se les puede retirar el documento, porque no existen sentencias judiciales ejecutoriadas, es decir que no hay forma de evitar que dichos infractores continúen al frente de sus vehículos.
Respecto de las medidas adoptadas para prevenir accidentes, dijo que en el caso del percance ocurrido en las cercanías de Yambo, provincia de Cotopaxi, se revocó el permiso de operación de la unidad que causó el mismo, es decir que ese cupo no podrá ser llenado por otro vehículo. También, continuó, se ha dispuesto que todas las unidades destinadas al transporte de personas se sometan a una revisión mecánica exhaustiva para que puedan continuar prestando su servicio.
Ricardo Antón anticipó que en los próximos meses se aplicará un examen práctico para la renovación de las licencias profesionales, de manera que aquel ciudadano que tenga un título tipo “E” demuestre que está en capacidad de conducir un tráiler; si no lo hace, se le extenderá una de menor categoría “D”; para la siguiente renovación se le pondrá al volante de un bus; si no demuestra que está capacitado, se le otorgará una licencia de menor categoría, dado que muchos conductores obtuvieron esas licencias con tales categorías, no por capacidad, sino por antigüedad.
El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Luis Morales, subrayó que de la exposición se puede colegir que muchas veces las leyes no están acordes con la realidad del país. Por ejemplo, antes de establecer el procedimiento para juzgar las infracciones en materia de tránsito se debieron crear los juzgados de contravenciones, con lo cual se habría podido combatir la impunidad en este ámbito.
.JPG)
