FUENTE: REDACCIÓN POLÍTICA DIARIO EL COMERCIO
Entrevista.- Hay críticas de organismos internacionales al proyecto de ley de medios. ¿Usted, como presidente de la Comisión de Comunicación, está tomando en cuenta esas observaciones antes de que la Asamblea debata el texto?
Soy el ponente del proyecto y tengo la potestad de recoger cualquier observación que pudiera hacer un asambleísta en el Pleno. Hay total apertura para hacer los cambios que pudieran estar en contra de la Constitución y del pacto de San José de Costa Rica.
La Human Rights Watch (HRW) cuestiona los requisitos previos que se quieren imponer a la información. Es decir que sea veraz, verificada, plural, oportuna. ¿Van a revisar ese artículo?
En la Comisión recogimos el contenido del artículo 18 de la Constitución, el cual establece esos requisitos. Segundo, hay una campaña en radio y TV a propósito del proyecto de ley y en ese espacio los dueños de los medios señalan que la información debe ser veraz, porque así lo dice la Constitución. ¿Qué hacemos? Pónganse de acuerdo. Suprimimos esos términos como piden los organismos o respetamos lo que dicen los propietarios de los medios.
Las críticas a esos requisitos se dan porque pudieran atentar contra tratados internacionales y ser una causa para la censura . ¿Por qué no analizar ese caso, si ese artículo iba a ser suprimido por la Comisión, solo que no tuvo el apoyo de Betty Carrillo?
Es verdad que ese artículo iba a ser eliminado porque no consiguió los seis votos necesarios. Solo obtuvo cinco. Como presidente de la Comisión habrá apertura. En la Asamblea se podrían considerar muchas disposiciones. Todo es susceptible de cambio, no hay camisa de fuerza, por el contrario, va existir apertura de mi parte.
Otra crítica es la obligación de que lo periodistas tengan un título en Comunicación Social. ¿La revisará?
Eso es polémico, porque gremios de periodistas, como la Unión Nacional de Periodistas, han impulsando que la profesionalización debe constar en la ley. Hay otros que se oponen, pero si esa disposición es contraria a lo que dice la Corte Interamericana de DD.HH. habrá que revisarla. No habría inconveniente, tendremos que esperar el debate y escuchar a los asambleístas.
La HRW también habla de una ambiguedad sobre la censura. En el proyecto se señala que no habrá censura previa salvo casos establecidos en la Constitución, en tratados internacionales y en la Ley. ¿Eso quiere decir que sí habrá un espacio legal para callar a los medios?
La Constitución y el Pacto de San José ponen límites a la comunicación. Por ejemplo, para proteger los derechos de niños y la seguridad pública. En este caso, considero que hay que revisar el término a “la ley”. Es muy general y dejaría un campo muy abierto para que se pueda aplicar no solo a la ley de Comunicación sino a cualquier normativa.
¿Una ley de seguridad pública, por ejemplo?
Esa es una buena observación, lo que tendremos que aclarar y clarificar en el debate es a qué ley se refiere. Y puntualizar claramente las causas para que pueda existir una censura previa.
Usted dijo que una causa para la censura previa es la seguridad pública. El presidente Rafael Correa, en varias ocasiones, ha dicho que la difusión de ciertas noticias causó conmoción y por lo tanto no puede tratarse de un caso de seguridad. ¿Ese concepto no es muy amplio?
Más de allá de considerarlo ambiguo o general, debemos observar los tipos de sanciones que tiene el proyecto. La Constitución señala que para imponer una sanción penal, administrativa o de cualquier naturaleza, previamente la infracción y la sanción deben estar contempladas en la ley. Eso fue lo que hicimos. Por ejemplo, en el art. 102 anotamos cuáles son las causas para una amonestación escrita y en el 103, las de una multa. Es decir, de manera clara y no ambigua.
La pregunta es sobre la censura previa, no de las sanciones. ¿Es decir que cualquier autoridad pueda decir esta información no puede ser difundida porque atenta contra la seguridad pública?
No ha sido nuestra intención poner una censura al periodismo. En ese momento sí estaríamos coartando la libertad de expresión y de prensa. En ese sentido, debemos ser respetuosos y aclarar si existiera una ambiguedad.
Hay una tendencia para despenalizar los delitos de opinión . ¿Por qué no se incluyó este tema?
No hubo una propuesta concreta para incluirla en la ley. Considero que ese tema debe ser tratado en la Comisión de Justicia de la Asamblea, con las reformas a los códigos penales. Estoy preparando una propuesta de reforma a esos códigos y pediré cambios a la figura de delitos de opinión, para que no sea una causal para ir detenido sino que se impongan sanciones económicas. Es decir, que se sujeten al ámbito civil.
span style="font-weight:bold;">¿Ha pedido la presencia de observadores de la OEA o de la ONU para mejorar la ley?
La política que llevó a cabo la ex presidenta de la Comisión (Betty Carrillo) la respeto, pero considero que hay que respetar nuestra soberanía. Como observadores pueden hacer recomendaciones y tienen todo el camino para hacerlo. Pero querer que el proyecto sea conocido por organismos internacionales antes de que sea aprobado en la Asamblea sería un atentado a nuestra soberanía.
¿Es decir, usted no ha enviado el proyecto a ningún organismo de los que ahora se están pronunciando?
El informe para segundo debate no se ha enviado, pero hemos mantenido reuniones de trabajo, por ejemplo con la Human Rights Watch, en donde se explicó el proyecto. También espero en los próximos días reunirme con asambleístas de otras tendencias y con representantes de organismo internacionales. El objetivo es llegar al segundo debate, si es posible, con acuerdos transparentes y claros. Nada por debajo de la mesa sino pensando en garantizar la información.
¿Antes de buscar consensos con la oposición no deberían definir si la ampliación del plazo para la Comisión fue legal o no?
Ese tema está claro. Todo fue legal, querer argumentar que el plazo fue ilegal no tiene sustento. Supongamos que sea verdad lo que dice la oposición y que no se cumplió con el límite para entregar el trabajo; en ese caso, la Ley Orgánica de la Legislatura solo determina sanciones pecunarias o una amonestación. Pero no se puede invalidar el informe.
¿En septiembre será el debate en el Pleno?
Aspiro a que el presidente, Fernando Cordero, incluya el proyecto para debatirlo la segunda o tercera semana de septiembre. Mi propuesta es que el texto sea votado a finales de ese mes.
