Buscan reformas a la Ley de Servicio Público para armonizarla con la normativa de la OIT

REDACCIÓN Y FOTOS: PRENSA ASABLEISTA NIVEA VÉLEZ
QUITO.- Sindicatos y gremios de la administración pública se dieron cita al ex Senado de la Función Legislativa para exponer sus aportes en torno a las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público, que impulsan la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, con el respaldo de la Internacional de Servicios Públicos-ISP.
La asambleísta Dora Aguirre, vicepresidenta de la Comisión 2, señaló que Ecuador vive un escenario distinto y diferente en lo que se refiere a la mejora de la calidad de los servicios públicos. Por ello, la Asamblea Nacional, hoy de puertas abiertas, trabaja con la activa participación de la ciudadana y de sus actores involucrados para lograr consensos en la construcción de leyes y, en este caso puntual, las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público, en armonía con la normativa internacional del trabajo.
Añadió que es importante reforzar estos espacios de encuentro, impulsar la participación activa y dinámica de los actores sociales, en este caso, de los servidores públicos, para lo cual es fundamental fortalecer sus organizaciones de representación, a fin de que sean los interlocutores nacionales que defiendan los derechos consagrados en la Constitución y leyes internacionales, precisó.
De su lado, la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Nivea Vélez, quien disertó sobre la “Deslaborización o garantía de los derechos de las/los servidores públicos. La Constitución de Montecristi y su puesta en vigencia”, explicó que las garantías laborales son parte de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos internacionalmente en diferentes instrumentos jurídicos, convenios de la OIT, Protocolo de San Salvador, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de América de los Derechos Humanos, entre otros.
En este marco, dijo, debe prevalecer la Constitución en la elaboración de las leyes, en las políticas que define el gobierno y en los recursos que se asignan para su cumplimiento, tras sostener que en necesario corregir algunas distorsiones que se han generado a partir de la vigencia de la Ley de Servicio Público, pero al mismo tiempo se requiere fortalecer las organizaciones para defender sus derechos, participar en la elaboración de leyes, con propuestas claras que aporten en su construcción.
Entre tanto, Juan Diego Gómez, de la Internacional de Servicios Públicos, precisó que a nivel de Latinoamérica existe una tendencia regresiva de los derechos de los trabajadores del sector público, es por ello que debe establecer pisos mínimos que permitan propiciar una relación adecuada entre el Estado y, particularmente, los gobiernos, con los trabajadores públicos.
Bajo estas consideraciones, hay que fomentar el diálogo social entre el gobierno y los trabajadores públicos, reformar las leyes que trasgreden los derechos de este sector, ratificar los convenios de la Organización del Trabajo (OIT) 151 (derecho a la sindicalización) y 154 (derecho de negociación colectiva y de huelga) que no se reconoce en la Ley Orgánica de Servicio Público; armonizar las leyes con la normativa internacional; promover un acuerdo sobre trabajo decente en el sector público. Para lograr estos objetivos, es necesaria la unidad organizativa, unidad de pensamiento y de acción, agregó.
Mientras, Diego Cano, al reflexionar sobre la legislación, prácticas laborales en el sector público, regímenes de carrera administrativa de los países andinos, manifestó que luego de realizar un estudio comparado, tanto en el ámbito del derecho del trabajo como en el derecho administrativo, se evidenció que existe una brecha entre principios, garantías de los derechos laborales y su aplicación, por lo que el reto a alcanzar es consolidar la unión de las fuerzas sindicales para incidir en la correcta aplicación de las leyes.
La fortaleza de las organizaciones sindicales está edificada sobre la base de los principios y derechos consagrados en los convenios internacionales de trabajo relativos a la libertad sindical, de cuya vigencia y eficacia depende la existencia del empleo decente y es condición básica para elevar los niveles de bienestar sociolaboral, para armonizar las relaciones laborales y hacer del diálogo la vía fundamental de la justicia social.