Comisión 2 busca salidas a problemas del sector de la justicia

REDACCIÓN Y FOTOS: OFICINA DE PRENSA ASAMBLEISTA NIVEA VÉLEZ
QUITO.- Con la presencia del ministro de Finanzas, Patricio Rivera; el presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos; y, el titular de la Federación Nacional de Judiciales (Fenaje), Ángel Rubio, la Comisión de Derechos de los Trabajadores analizó la problemática que atraviesan los servidores judiciales, por la falta de aplicación de la homologación salarial.
El ministro Rivera manifestó que la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) establece una serie de procedimientos que las entidades públicas deben cumplir para recibir asignaciones estatales, por tanto, la Función Judicial debió presentar los proyectos y justificativos del caso para que el Ministerio de Finanzas procede a los respectivos desembolsos.
Comentó que el Consejo de la Judicatura, hasta noviembre, ha ejecutado su presupuesto 2010 en un 72%, ante lo cual no se puede dotar de mayores ingresos a quienes mantienen guardados dineros, que pueden servir para la obra vial, implementación de proyectos hidroeléctricos, escuelas, viviendas y otras.
Justicia colapsará
En respuesta, Benjamín Cevallos indicó que el Consejo de la Judicatura tiene concretada la ejecución de su presupuesto en más del 92%, hasta diciembre, pero que varios proyectos no se han puesto en marcha por la falta de celeridad en cuanto a su aprobación de parte de la Secretaria Nacional de Desarrollo (Senplades) y otros organismos del gobierno.
Advirtió que la administración de justicia, en general, podría colapsar en junio de 2011, en razón de que el presupuesto para el año entrante ha sido reducido en un 50%, sin considerar que se requieren 411 millones, de cuyo monto 300 millones serán para gastos corrientes y 111 millones para programas de inversión, que posibilitarán hacer efectiva la oralidad, modernizar la infraestructura física, contar con tecnología de punta, capacitación, a fin de satisfacer las expectativas ciudadanas.
Exigió que se respete el artículo 168, numeral 2, de la Constitución, que garantiza la autonomía administrativa, económica y financiera de la Función Judicial, pues si no se lo hace no funciona ninguna transformación, ni la democracia en el Ecuador.
Incluso, el Ministro de Finanzas no ha recogido la inquietud del propio presidente de la República, Rafael Correa, quien convocó el 24 de septiembre a una reunión en Guayaquil, para analizar el tema justicia y, lo que es más, establecer un presupuesto suficiente para atender las expectativas de la colectividad, agregó.
Cuestionamientos
Ángel Rubio, Lenin Pilalot, Ana Román y Carla Obando, representantes de los trabajadores judiciales, explicaron que una ley no tiene efecto retroactivo, por lo que el argumento de que la Losep define, a través del Ministerio de Relaciones Laborales, el camino para la homologación salarial no tiene fundamento jurídico, más aún cuando este mecanismo rige desde el año 2008.
Sostuvieron que el proceso de homologación se puede cumplir con 35 millones de dólares, pero hoy al Estado le correspondería desembolsar cerca de 60 millones para hacer frente a múltiples acciones de protección que se han presentado sobre esta materia.
En todo caso, los miembros de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social expresaron la preocupación por la posibilidad de que la Función Judicial entre en crisis por el aspecto presupuestario. Además resolvieron establecer una comisión ampliada con los ministerios de Relaciones Laborales, de Finanzas, el Consejo de la Judicatura y la Fenaje, con el propósito de determinar los motivos exactos por los cuales no se ejecuta la homologación.