Zuloaga pide asilo en EE.UU. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, vincula al empresario con teorías conspirativas.

REDACCIÓN: VOA NOTICIAS
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El empresario venezolano Guillermo Zuloaga confirmó que solicitó asilo político en Estados Unidos.
En una entrevista con la cadena de televisión CNN, el presidente de la televisora venezolana Globovisión, crítica del gobierno del presidente Hugo Chávez, dijo que “está por concluirse el proceso de asilamiento político en los Estados Unidos”.
El empresario viajó a Estados Unidos en momentos en que la justicia venezolana dictara una orden de captura en su contra, acusándolo de usura y asociación para delinquir. Sin embargo, Zuloaga se declara inocente y sostiene que es víctima de persecución política.
Durante la entrevista, Zuloaga aseguró que "el único que tiene experiencia en golpes de Estado o magnicidio en los últimos 60 años en Venezuela, es el presidente Hugo Chávez".
En los últimos días, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez criticó a Zuloaga por participar, a mediados de noviembre de 2010, en una reunión que se realizó en el Congreso estadounidense, auspiciada por organismos conservadores, donde criticó al gobierno venezolano.
En respuesta, Chávez dijo que Zuloaga podría ser acusado de "traición a la patria" e insistió en vincular al empresario con teorías conspirativas, diciendo que actúa bajo órdenes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).
"Yo estoy seguro que este señor, este bandido ahora dice lo que la CIA le dijo que dijera", dijo Chávez y preguntó "¿con qué pasaporte entraría a Estados Unidos? ¿quién le dio visa? Fue la CIA, conspirando contra Venezuela, así como el Departamento de Estado", afirmó Chávez.

Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Internacional de Servicios Públicos analizan reformas a la LOSEP

REDACCIÓN Y FOTO: OFICINA DE PRENSA ASAMBLÍESTA NIVEA VELEZ
QUITO.- Delegaciones de organizaciones de servidores públicos del país, coparon el salón del Ex Senado de la Asamblea Nacional, y contribuyeron con sus aportes en el foro denominado “Por una Ley de Servicio Público desde la Normativa Internacional del Trabajo y el Diálogo Social”, el mismo que fuer organizado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, con el apoyo de la Internacional de Servicios Públicos.
La finalidad de este foro, según la Presidenta de la Comisión Nivea Vélez, es armonizar la Ley Orgánica de Servicio Público con la normativa de la Organización Internacional del Trabajo OIT. Para el efecto dijo se ha presentado una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP y conoce también que existen otros proyectos de reforma a los cuales espera que el Consejo de Administración Legislativa CAL los califique y remita a la Comisión para su debido tratamiento.
La asambleísta Dora Aguirre, delegada del Presidente Fernando Cordero y vicepresidenta de la Comisión 2, señaló que Ecuador vive un escenario distinto y diferente en lo que se refiere a la mejora de la calidad de los servicios públicos. Recalcó que la Asamblea Nacional trabaja con la participación de la ciudadana para lograr consensos en la construcción de leyes.
Por su parte Juan Diego Gómez de la Internacional de Servicios Públicos, dijo que a nivel de la región latinoamericana se vive la tendencia regresiva de los derechos de los servidores públicos.
Un total de 24 asociaciones de servidores públicos del país acudieron a expresar sus puntos de vista distribuidos en cuatro grupos de trabajo que conllevó a establecer resoluciones importantes.
Resoluciones
Convocar a una profunda reflexión política, tanto a la Asamblea Nacional como a las fuerzas vivas del país, que permita reformar la Ley Orgánica de Servicios Públicos, recuperando los consensos logrados en el proceso de discusión de la Ley e incorpore plenamente los derechos de libertad sindical, negociación colectiva y demás derechos laborales conculcados por el texto actual de la Ley.
Considerar la necesidad de abrir una discusión sobre la posibilidad de establecer un solo régimen laboral en el Ecuador, que incorpore los derechos fundamentales, contenidos en los Convenios Internacionales de la OIT.
Invitar al gobierno del Ecuador a un amplio diálogo social, alrededor de los temas concernientes a los derechos de los trabajadores/as del sector público y de la calidad de los servicios públicos, con el acompañamiento técnico de la Organización Internacional del Trabajo OIT.
Promover la ratificación, por parte del Estado ecuatoriano, de los convenios internacionales de la OIT 151 y 154, los mismos que fijan los pisos mínimos de protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública al igual que sobre el fomento de la negociación colectiva. A su vez, insistir en el respeto a los Convenios 87 y 98 de la OIT, debidamente ratificados por el Estado ecuatoriano.
Profundizar los procesos de unidad de los/as trabajadores/as del sector público, lo que permitirá elevar la capacidad de propuesta frente a los servicios públicos. Para ello, se fortalecerán las redes y mesas de trabajo sectoriales, de común acuerdo con las centrales sindicales ecuatorianas, de tal manera que se construyan propuestas unitarias.
Elevar ante los organismos internacionales, OIT, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros escenarios mundiales las respectivas denuncias y quejas, por la reiterada violación a los derechos de los trabajadores del sector público. Además, realizar pronunciamientos frente a la penalización de la protesta de los trabajadores.
Reiterar nuestro interés de fortalecer la democracia en el Ecuador, mediante la participación de los/as trabajadores/as del sector público, en la construcción de políticas públicas alrededor de servicios públicos incluyentes, transparentes y democráticos.

Buscan reformas a la Ley de Servicio Público para armonizarla con la normativa de la OIT

REDACCIÓN Y FOTOS: PRENSA ASABLEISTA NIVEA VÉLEZ
QUITO.- Sindicatos y gremios de la administración pública se dieron cita al ex Senado de la Función Legislativa para exponer sus aportes en torno a las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público, que impulsan la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, con el respaldo de la Internacional de Servicios Públicos-ISP.
La asambleísta Dora Aguirre, vicepresidenta de la Comisión 2, señaló que Ecuador vive un escenario distinto y diferente en lo que se refiere a la mejora de la calidad de los servicios públicos. Por ello, la Asamblea Nacional, hoy de puertas abiertas, trabaja con la activa participación de la ciudadana y de sus actores involucrados para lograr consensos en la construcción de leyes y, en este caso puntual, las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público, en armonía con la normativa internacional del trabajo.
Añadió que es importante reforzar estos espacios de encuentro, impulsar la participación activa y dinámica de los actores sociales, en este caso, de los servidores públicos, para lo cual es fundamental fortalecer sus organizaciones de representación, a fin de que sean los interlocutores nacionales que defiendan los derechos consagrados en la Constitución y leyes internacionales, precisó.
De su lado, la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Nivea Vélez, quien disertó sobre la “Deslaborización o garantía de los derechos de las/los servidores públicos. La Constitución de Montecristi y su puesta en vigencia”, explicó que las garantías laborales son parte de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos internacionalmente en diferentes instrumentos jurídicos, convenios de la OIT, Protocolo de San Salvador, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de América de los Derechos Humanos, entre otros.
En este marco, dijo, debe prevalecer la Constitución en la elaboración de las leyes, en las políticas que define el gobierno y en los recursos que se asignan para su cumplimiento, tras sostener que en necesario corregir algunas distorsiones que se han generado a partir de la vigencia de la Ley de Servicio Público, pero al mismo tiempo se requiere fortalecer las organizaciones para defender sus derechos, participar en la elaboración de leyes, con propuestas claras que aporten en su construcción.
Entre tanto, Juan Diego Gómez, de la Internacional de Servicios Públicos, precisó que a nivel de Latinoamérica existe una tendencia regresiva de los derechos de los trabajadores del sector público, es por ello que debe establecer pisos mínimos que permitan propiciar una relación adecuada entre el Estado y, particularmente, los gobiernos, con los trabajadores públicos.
Bajo estas consideraciones, hay que fomentar el diálogo social entre el gobierno y los trabajadores públicos, reformar las leyes que trasgreden los derechos de este sector, ratificar los convenios de la Organización del Trabajo (OIT) 151 (derecho a la sindicalización) y 154 (derecho de negociación colectiva y de huelga) que no se reconoce en la Ley Orgánica de Servicio Público; armonizar las leyes con la normativa internacional; promover un acuerdo sobre trabajo decente en el sector público. Para lograr estos objetivos, es necesaria la unidad organizativa, unidad de pensamiento y de acción, agregó.
Mientras, Diego Cano, al reflexionar sobre la legislación, prácticas laborales en el sector público, regímenes de carrera administrativa de los países andinos, manifestó que luego de realizar un estudio comparado, tanto en el ámbito del derecho del trabajo como en el derecho administrativo, se evidenció que existe una brecha entre principios, garantías de los derechos laborales y su aplicación, por lo que el reto a alcanzar es consolidar la unión de las fuerzas sindicales para incidir en la correcta aplicación de las leyes.
La fortaleza de las organizaciones sindicales está edificada sobre la base de los principios y derechos consagrados en los convenios internacionales de trabajo relativos a la libertad sindical, de cuya vigencia y eficacia depende la existencia del empleo decente y es condición básica para elevar los niveles de bienestar sociolaboral, para armonizar las relaciones laborales y hacer del diálogo la vía fundamental de la justicia social.

Comisión 2 busca salidas a problemas del sector de la justicia

REDACCIÓN Y FOTOS: OFICINA DE PRENSA ASAMBLEISTA NIVEA VÉLEZ
QUITO.- Con la presencia del ministro de Finanzas, Patricio Rivera; el presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos; y, el titular de la Federación Nacional de Judiciales (Fenaje), Ángel Rubio, la Comisión de Derechos de los Trabajadores analizó la problemática que atraviesan los servidores judiciales, por la falta de aplicación de la homologación salarial.
El ministro Rivera manifestó que la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) establece una serie de procedimientos que las entidades públicas deben cumplir para recibir asignaciones estatales, por tanto, la Función Judicial debió presentar los proyectos y justificativos del caso para que el Ministerio de Finanzas procede a los respectivos desembolsos.
Comentó que el Consejo de la Judicatura, hasta noviembre, ha ejecutado su presupuesto 2010 en un 72%, ante lo cual no se puede dotar de mayores ingresos a quienes mantienen guardados dineros, que pueden servir para la obra vial, implementación de proyectos hidroeléctricos, escuelas, viviendas y otras.
Justicia colapsará
En respuesta, Benjamín Cevallos indicó que el Consejo de la Judicatura tiene concretada la ejecución de su presupuesto en más del 92%, hasta diciembre, pero que varios proyectos no se han puesto en marcha por la falta de celeridad en cuanto a su aprobación de parte de la Secretaria Nacional de Desarrollo (Senplades) y otros organismos del gobierno.
Advirtió que la administración de justicia, en general, podría colapsar en junio de 2011, en razón de que el presupuesto para el año entrante ha sido reducido en un 50%, sin considerar que se requieren 411 millones, de cuyo monto 300 millones serán para gastos corrientes y 111 millones para programas de inversión, que posibilitarán hacer efectiva la oralidad, modernizar la infraestructura física, contar con tecnología de punta, capacitación, a fin de satisfacer las expectativas ciudadanas.
Exigió que se respete el artículo 168, numeral 2, de la Constitución, que garantiza la autonomía administrativa, económica y financiera de la Función Judicial, pues si no se lo hace no funciona ninguna transformación, ni la democracia en el Ecuador.
Incluso, el Ministro de Finanzas no ha recogido la inquietud del propio presidente de la República, Rafael Correa, quien convocó el 24 de septiembre a una reunión en Guayaquil, para analizar el tema justicia y, lo que es más, establecer un presupuesto suficiente para atender las expectativas de la colectividad, agregó.
Cuestionamientos
Ángel Rubio, Lenin Pilalot, Ana Román y Carla Obando, representantes de los trabajadores judiciales, explicaron que una ley no tiene efecto retroactivo, por lo que el argumento de que la Losep define, a través del Ministerio de Relaciones Laborales, el camino para la homologación salarial no tiene fundamento jurídico, más aún cuando este mecanismo rige desde el año 2008.
Sostuvieron que el proceso de homologación se puede cumplir con 35 millones de dólares, pero hoy al Estado le correspondería desembolsar cerca de 60 millones para hacer frente a múltiples acciones de protección que se han presentado sobre esta materia.
En todo caso, los miembros de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social expresaron la preocupación por la posibilidad de que la Función Judicial entre en crisis por el aspecto presupuestario. Además resolvieron establecer una comisión ampliada con los ministerios de Relaciones Laborales, de Finanzas, el Consejo de la Judicatura y la Fenaje, con el propósito de determinar los motivos exactos por los cuales no se ejecuta la homologación.