Actores precisaron bondades y preocupaciones del Código de Planificación y Finanzas Públicas

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QUITO.- La vinculación de la planificación con el ejercicio fiscal, la modificación del presupuesto, el encaje bancario, límite de endeudamiento público, la coordinación con los gobiernos autónomos fueron, entre otros, los temas de mayor análisis en el foro organizado por la Comisión de Régimen Económico, respecto al proyecto de Código de Planificación y Finanzas Públicas.
En este contexto, expusieron Patricio Rivera, ministro de Finanzas; Hugo Jácome, catedrático de la Flacso; César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados; María Belén Moncayo, viceministra de la Senplades; y, Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional.
Aspectos relevantes
Hugo Jácome resaltó que el proyecto está elaborado en el marco de la normativa constitucional y que racionaliza el caos existente en el tema de las finanzas públicas.
Resaltó que como aspectos fundamentales constan la vinculación de la planificación con el ejercicio fiscal articulado al desarrollo; la conformación del Consejo Nacional de Planificación; pone orden en los recursos que llegan de la cooperación internacional; crea un sistema de información; la prohibición de donaciones con dinero público; entre otros.
Jácome manifestó que resulta preocupante que el Ministerio de Finanzas pueda modificar el presupuesto hasta el 15%, es decir, un aproximado de 3 mil millones de dólares, lo cual es un porcentaje alto.
En respuesta el Ministro de Finanzas dijo que el porcentaje de la modificación se debe a dos lógicas: contratos suscritos en el ejercicio fiscal anterior y la transparencia en la importación de derivados.
Endeudamiento público
El catedrático de la Flacso también se pronunció en desacuerdo que las entidades y organismos del sector público puedan endeudar hasta el 50% del PIB, lo cual no es común, porque en otros países llega al 30 o 40%.
Al respecto, el ministro Rivera sostuvo que actualmente se puede endeudar hasta el 40%, sin embargo hay otros tipos de deuda, por lo que al transparentar todos los casos, se llega a ese porcentaje.
Encaje bancario
César Robalino planteó la eliminación de la disposición general octava del proyecto, que se refiere a la probable utilización del encaje bancario. Este encaje debe permanecer líquido y no en bonos del Estado, porque ese dinero pertenece a los depositantes, generando intranquilidad en el mercado.
En este tema, Patricio Rivera, precisó que la transitoria es facultativa, ya que las entidades y organismos del sector financiero podrán realizar depósitos de encaje bancario con instrumentos emitidos por el Estado.
Coordinación con GADs
María Belén Moncayo de la Senplades subrayó que el Código contiene marcos generales de coordinación y complementariedad entre las instancias públicas. Destacó que para la planificación existirá una estrecha coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, respetando sus realidades y dinámicas locales.

Comisión de Justicia promueve diálogo social sobre consulta prelegislativa

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QUITO.- Con representantes de la ONU, Conaie, Codae, Universidad Andina Simón Bolívar, Codenpe, entre otros, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado abrió un proceso de diálogo social para receptar los criterios de las diversas organizaciones sociales y ciudadanas sobre la consulta prelegislativa.
De esta manera, se analizó, intercambió experiencias y presentaron aportes al respecto, las cuales podrían incorporarse en el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La asambleísta María Paula Romo, presidenta de la comisión, destacó la necesidad de definir, con claridad, quién hace la consulta, qué se consulta, a quiénes, en qué momento y cómo se procesan sus resultados.
Argumentó que la Comisión de Justicia considera que la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de llevar adelante la consulta prelegislativa y puede pedir la ayuda, el apoyo y la participación de las organizaciones representativas de los pueblos y comunidades, de los órganos electorales o de otro espacio de la institucionalidad estatal.
La Secretaría de Pueblos o las municipalidades también pueden prestar su contingente, dijo, tras precisar que dicha consulta se la tiene que hacer a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, así como a los pueblos afro ecuatorianos y montubios, respetando lo que dispone la Constitución.
Sin embargo, falta clarificar si ésta se hace a los dirigentes de las organizaciones, a los representantes de las federaciones, a representantes de las filiales regionales, tomando en cuenta que los convenios internacionales y la propia sentencia de la Corte Constitucional establecen que deben consultarse a los pueblos y a las comunidades que puedan tener una afectación real y concreta a través de la aplicación de una medida legislativa, puntualizó.
De su parte, José Chala Cruz, secretario Ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano, sostuvo que no está en discusión el hecho que la Asamblea tiene que realizar la consulta, acatando los principios constitucionales y ésta debe hacerse antes del primer debate de un determinado cuerpo jurídico.
Entre tanto, Cecilia Velázquez, de la Confederación de Nacionales Indígenas, Conaie-Mujer, comentó que lo ideal sería consultar a toda la población; no obstante, por la prioridad y agilidad no será posible, pues para ello están reconocidas sus instancias institucionales: comunidad, comuna, los pueblos y las nacionales, Se mostró partidaria de que los grupos inmersos en el tema participen activamente en la construcción colectiva de las leyes, de manera secuencial, además que se conforme un grupo especializado que contribuya al procesamiento de los resultados, en apoyo a la comisión especializada.
A su vez, Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU, compartió la idea de la OIT de prever la opinión de un órgano técnico especializado sobre la procedencia de la consulta, entonces se respaldará la decisión política de la Asamblea con una opinión técnica previa, para evitar posibles cuestionamientos en el aspecto constitucional.

Comisión 5 alista informe del proyecto de Ley sobre Héroes Nacionales

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QUITO.- La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, a través de su presidente, Fernando Bustamante Ponce, se comprometió a presentar durante la segunda semana de octubre el informe para primer debate del proyecto de Ley de Reconocimiento a los Héroes Nacionales, de iniciativa del Ejecutivo.
Bustamante formuló esta declaración al recibir a los dirigentes de la Asociación de Combatientes – Héroes del Cenepa. Reiteró que el heroísmo es patrimonio de militares y civiles, además no solo se relaciona con la guerra, pues en muchos casos un militar puede convertirse en un héroe de la paz.
El objetivo unánime de los comisionados es tratar de construir una ley que cubra con justicia y el debido reconocimiento a las personas que han desarrollado actos extraordinarios, así también a sus familiares y a las gentes que de ellos dependen, subrayó.
Mencionó que esta propuesta es de alto contenido social, por lo que tratarán de que los derechos adquiridos se preserven y consagren, a fin de evitar ciertos vacíos que no han sido atendidos debidamente.
Trabajaremos para tener gran justicia histórica ahora y en el futuro, estableciendo incentivos concretos a favor de los ciudadanos que hagan ofrenda de su esfuerzo al servicio de la comunidad, ya no como una situación excepcional sino como algo frecuente, agregó.
Los sargentos Segundo Martínez y Nelson Castillo ®, representantes del gremio, se mostraron confiados del trabajo que cumplirá la Comisión en favor de quienes entregaron sus vidas por la defensa del territorio ecuatoriano.
Indicaron que existen 250 miembros de las Fuerzas Armadas con severas discapacidades y merecen mayor atención del país, por el cual lucharon.

125.000 mujeres abortan cada año en el Ecuador: Advierte organización Mujeres por la Vida

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QUITO.- En la Comisión del Derecho a la Salud, presidida por Carlos Velasco, representantes de la Asociación Aborto Seguro “Mujeres por la Vida” al advertir que -según estadísticas del Ministerio de Salud- 125.000 mujeres abortan cada año, ratificaron el compromiso con la vida, mediante mecanismos legales de dar y recibir información.
Virginia Gómez, Lucrecia Bone, Verónica Vera, dirigentes de la asociación, sostuvieron que de los 125.000 abortos, solo 200 son legales lo que significan que en su gran mayoría son practicados en condiciones de clandestinidad, siendo las más perjudicadas las mujeres pobres, quienes usan mecanismos como lanzarse de las escaleras, introduciéndose veneno de rata, agujetas o ganchos en la vagina.
Informaron que amparadas en tratados internacionales y protocolos de la Organización Mundial de la Salud y en el Art. 18 de la Constitución, que determina que se puede buscar, recibir intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna contextualizada y plural, decidieron instalar una “línea de información sobre aborto seguro con misoprostol”.
Virginia Gómez, médica independiente, explicó que el medicamento misoprostol aplicado para el aborto es utilizado para uso gástrico, y desde hace unos 30 años se ha venido dando para uso ginecológico, utilizado tanto en los hospitales públicos como privados y que, según investigación de la Maternidad Isidro Ayora, muestra su eficacia, a más de que es relativamente económico, ($ 0,45 por cada pastilla).
Solicitaron a la Comisión 10 intervenga para que las mujeres tengan mayor acceso a la tecnología; a la vez que señalaron que cada mujer tiene capacidad para decidir su vida y sobre su reproducción.
El titular del organismo parlamentario, Carlos Velasco, manifestó que la comparecencia se pidió ante la petición del asambleísta Carlos Guzmán para que se investigue en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y los responsables de incitar al “aborto seguro”.
Por su lado María Alejandra Vicuña señaló que la actividad que realiza este grupo de mujeres constituye un elemento importante de discusión, pues tratan de garantizar la difusión de información especialmente a las mujeres pobres, para que puedan tomar decisiones fundamentales en sus vidas.

Comisión de Desarrollo Económico se declara en sesión permanente para aprobar las reformas a la Ley de Tránsito

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QUITO.- Luego de escuchar a los representantes de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape), a la Federación de Taxistas del Ecuador (Fedetaxis), al delegado de la transportación interprovincial, intercantonal e interparroquial del país, a la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y al asambleísta por Latinoamérica, el Caribe y África, Eduardo Zambrano; la Comisión de Desarrollo Económico resolvió por unanimidad declararse en sesión permanente para aprobar el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial.
Los asambleístas acordaron aprobar artículo por artículo, cuyo informe para segundo debate se lo debe entregar hasta el 26 de septiembre.
Limitar competencias de los municipios
Ernesto Reinoso, representante de la Fenatrape, al señalar que la ley debe ser preventiva y no punitiva; que combata el transporte informal; que el transporte pesado debe ser comercial y no público; que las casas vendedoras de vehículos nuevos entreguen matriculados los mismos, pidió a los comisionados limitar las competencias de los municipios, pues considera que no es adecuado a más de planificar y regular, sea también el organismo que controle. Debe existir la debida independencia, añadió.
En el Ecuador existen 220 municipios, cada uno de los cuales asumiría las competencias de planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestres, dictando ordenanzas, de acuerdo a su libre criterio, imponiendo tasas y contribuciones para fortalecer los presupuestos municipales, lo cual sería caótico, ya que la seguridad y la unidad jurídica resultarían seriamente afectadas.
Cree que lo más adecuado, técnica y jurídicamente es fortalecer la estructura orgánica y administrativa de la Comisión Nacional de Tránsito y de las Comisiones Provinciales de Transporte. El simple cambio de nombre por Agencia Nacional de Transporte Terrestre no garantiza por sí solo un mejoramiento de la gestión y del rol que debe cumplir este organismo, dijo.
Canje de licencias
De su lado, el asambleísta Eduardo Zambrano solicitó a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico que en el proyecto se reconozca las licencias de conducir obtenidas por nuestros compatriotas migrantes en el exterior y el canje con su similar ecuatoriana, cuando decidan retornar definitivamente al país, a fin de garantizarles el trabajo de manera inmediata, tomando en cuenta que en otros países los connacionales se dedican como profesión y sustento familiar a la transportación como taxistas, choferes de buses o carga pesada.
Recordó que otros países han creado mecanismos para la aplicación de derechos humanos, laborales y de movilidad humana. El Ecuador es signatario de varios instrumentos internacionales de reconocimiento y canje de licencias de conducir obtenidas en el extranjero, añadió.
Un solo color para el taxismo
Entre tanto, Jorge Calderón, presidente de la Federación de Taxis, al sostener que en este gremio no se ha discriminado a la mujer para que pueda ejercer su derecho al trabajo, indicó la necesidad de que exista un solo color que identifique a este servicio.
Estado debe garantizar trabajo e inversiones
José Zapata Mantilla, delegado de la transportación interprovincial, intercantonal, e interparroquial, tras subrayar que han invertido fuertes cantidades de dinero en la compra de unidades de transporte, expresó que el Estado debe garantizar su trabajo e inversiones, aspecto que debe ser incorporado en el cuerpo legal.
Municipios asumirán competencias
Luis Vinicio Cueva, abogado de la AME, al sostener que existen municipios que ya han asumido las competencias en materia de tránsito como son Ambato, Azogues, Cuenca, Guayaquil, Ibarra, Loja, Machala, Manta, Otavalo, Quito, Tulcán, Zamora, recordó su propuesta presentada al organismo legislativo mismo que se conforma de cinco aspectos: la competencia municipal establecida por mandato constitucional, la institucionalidad; juzgamiento de contravenciones; recursos; y, régimen de transición.
Precisó que los gobiernos autónomos descentralizados deben gozar de autonomía política, administrativa y financiera para el ejercicio de las competencias de tránsito y transporte terrestre para beneficio de sus habitantes, por tanto, deberán planificar, regular y controlar el transporte público dentro de su territorio cantonal. No hay competencias sin recursos, la transferencia es obligatoria y progresiva, recalcó.
Finalmente, subrayó que los municipios asumirán las competencias conforme lo establece la Constitución y para aquellos que no puedan hacerlo de manera inmediata se establecería un período de transición.

Sistema de tránsito requiere un cuerpo profesional especializado de control: Ricardo Antón

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QUITO.- “No existen leyes ni normas que sean eficientes si es que no contamos con un cuerpo profesional especializado para el control del sistema de tránsito”, dijo el director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, Ricardo Antón, en su comparecencia ante la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, presidida por el asambleísta Luis Morales Solís.
El objetivo del organismo legislativo era conocer las acciones que desarrolla la Comisión de Tránsito para prevenir y, de ser el caso, sancionar los graves accidentes que se producen en el país.
El funcionario explicó que el problema no solo está en la falta de operatividad de algunas disposiciones de la Ley de Tránsito, sino sobre todo en la falta de capacidad de control, así como en la impunidad de las infracciones y delitos de tránsito. Puso como ejemplo que en la provincia del Guayas, con un parque automotor de 300 mil vehículos, la Comisión de Tránsito de esa jurisdicción levantó un millón 600 mil infracciones, mientras que en el resto del país (23 provincias) de un total de un millón cuarenta mil vehículos, únicamente se emitieron 770 mil citaciones, lo cual demuestra la poca capacidad de control que tienen los cuerpos de vigilancia, hoy en manos de la Policía Nacional.
Consideró necesario que existan cuerpos de vigilancia de tránsito con una preparación específica, porque no es posible que esta actividad esté en manos de la Policía Nacional, que tiene una formación distinta, para investigar y perseguir el delito.
Otro de los problemas es la falta de juzgamiento de las infracciones y delitos de tránsito, por lo que las boletas se han convertido en “papel tapiz” para algunos conductores (25 000) a quienes, pese ha haber agotado en la práctica los puntos de sus licencias, no se les puede retirar el documento, porque no existen sentencias judiciales ejecutoriadas, es decir que no hay forma de evitar que dichos infractores continúen al frente de sus vehículos.
Respecto de las medidas adoptadas para prevenir accidentes, dijo que en el caso del percance ocurrido en las cercanías de Yambo, provincia de Cotopaxi, se revocó el permiso de operación de la unidad que causó el mismo, es decir que ese cupo no podrá ser llenado por otro vehículo. También, continuó, se ha dispuesto que todas las unidades destinadas al transporte de personas se sometan a una revisión mecánica exhaustiva para que puedan continuar prestando su servicio.
Ricardo Antón anticipó que en los próximos meses se aplicará un examen práctico para la renovación de las licencias profesionales, de manera que aquel ciudadano que tenga un título tipo “E” demuestre que está en capacidad de conducir un tráiler; si no lo hace, se le extenderá una de menor categoría “D”; para la siguiente renovación se le pondrá al volante de un bus; si no demuestra que está capacitado, se le otorgará una licencia de menor categoría, dado que muchos conductores obtuvieron esas licencias con tales categorías, no por capacidad, sino por antigüedad.
El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Luis Morales, subrayó que de la exposición se puede colegir que muchas veces las leyes no están acordes con la realidad del país. Por ejemplo, antes de establecer el procedimiento para juzgar las infracciones en materia de tránsito se debieron crear los juzgados de contravenciones, con lo cual se habría podido combatir la impunidad en este ámbito.

Saruka Rodríguez y Sociedad Ecuatoriana de Cirugía proponen que la donación de órganos sea con el consentimiento de la persona

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QUITO.- La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Saruka Rodríguez, y los médicos Ángel Alarcón y Mario Montalvo, delegados de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía, Capítulo Pichincha, sostuvieron ante la Comisión del Derecho a la Salud, que el conjunto del pueblo ecuatoriano, en base a los principios de equidad, universalidad y solidaridad, libre y voluntariamente son potencialmente donantes de órganos, tejidos y células, para lo cual se requerirá el consentimiento expreso de la persona, por escrito.
Sugirieron que en la propuesta del asambleísta Paco Fierro, en el artículo 3 se determine que toda persona será donante “siempre y cuando lo exprese de forma exclusiva y personal, previa adecuada información al respecto y obteniéndose el consentimiento informado por escrito”.
Tanto la asambleísta como los delegados de la Sociedad de Cirugía argumentan que esta observación se basa en los principios de Bioética manifestados por Potter desde 1971 respecto a la autonomía, beneficencia, no maledicencia y justicia, ya que el ser humano tiene el derecho a decidir respecto a su cuerpo y su salud con plena autonomía y no ser sujeto tácito, que en caso de fallecimiento sea desmembrado sin que puedan hacer nada sus familiares, ya que el difunto según la propuesta citada solo debía expresar su negativa a la donación para excluirse de tal situación. El ser humano de lo único que es dueño, es de su cuerpo, y la propuesta anterior es estatizar el cuerpo de manera arbitraria, aseveraron.
Control de prácticas funestas
Por su lado el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología, Galo Pazmiño, felicitó a la Comisión del Derecho a la Salud por incluir en los proyectos de Ley de Trasplante de Órganos y Tejidos aspectos que permitirán el control de prácticas funestas, como la equidad y el derecho de todo ecuatoriano a acceder al trasplante de órganos.
Señaló como aspectos importantes a la manifestación de voluntad de donación, los derechos del donante y receptor; la gratuidad de las donaciones, la lista de espera, la donación en vida, lo que permitirá el control de prácticas funestas así como la equidad y el derecho de todo ciudadano ecuatoriano a acceder al trasplante de órganos.
Galo Pazmiño, quien es además, médico gastroenterólogo y medico tratante del Hospital de las Fuerzas Armadas, pidió que en la normativa se incluya que el Estado vele por la preservación del órgano trasplantado y asegure el seguimiento y control médico y la administración de drogas inmunosupresoras y/u otras que se requieran para este fin.
Además que en la sección que se refiere a las acreditaciones, contemple a las instituciones hospitalarias públicas existentes como centros de trasplantes, legislar la obtención de recursos para su equipamiento, de tal forma que puedan cumplir los requerimientos de acreditación; se regulen los centros especializados en trasplantes, que por la naturaleza geográfica, extensión territorial y número poblacional no se requiere más de uno o dos.
Planteó que los organismos nacionales ya constituidos como el Ministerio de Salud Pública y ONTOT financien la preparación y acreditación permanente de equipos de trasplante y ablación para asegurar la continuidad del programa.
Pazmiño dijo que el fortalecimiento de las instituciones hospitalarias públicas con los recursos apropiados y la formación y acreditación de profesionales médicos comprometidos con el programa y la continuidad del mismo, asegurará el espíritu solidario y de equidad de la presente ley.

Presidente Fernando Cordero plantea que el tema de la planificación sea desarrollado en otra ley

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QUITO.- El Código de Planificación y Finanzas Públicas debe contener lineamientos generales sobre la planificación y el desarrollo de este tema debe constar en otra ley, sostuvo el presidente de la Asamblea Nacional, en el foro organizado por la Comisión de Régimen Económico y Tributario.
Resaltó que con el Código se derogarán varias leyes que han generado un caos en las finanzas públicas, problema que ha perturbado las buenas intenciones de los gobiernos en sus distintos niveles, por lo que hoy administrar el dinero público es una entelequia que pocos saben y mucha gente actúa como vehículos en neutro, dejado empujar por las presiones.
Hay una distancia real entre la planificación y las finanzas, pero cuando se quiere realizar los grandes cambios hay que ser responsables, no por ir muy rápido se puede llegar más temprano. No podemos equivocarnos, les aliento en todo lo que podamos para elaborar un Código, pero no sé si estamos preparados para este momento. El Código debe se una consecuencia y no el origen, me parece que integrar la planificación con las finanzas es lo deseable, pero aquello es un proceso, no es producto que se enlata, dijo el presidente de la Asamblea.
En el proyecto destaco el respecto de las autonomías y siendo el tema de la planificación lo más importante en el país, no es compatible con un proyecto económico urgente, creo que podríamos buscar los elementos indispensables y lo demás dejemos para desarrollar en una ley de ordenamiento del territorio y planificación, insistió.
Consultó, por ejemplo, cómo se realizará la designación de los cuatro representantes de la sociedad civil, que serán designados por la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Consejo Nacional de Planificación; y, no hace falta que integren siete ministros dentro de esta instancia.
En otros aspectos, lejos de mandar, prohibir o permitir, en el texto existen varias declaraciones y enunciados. Cómo vamos a construir el ordenamiento territorial, preguntó.
En este aspecto informó que recién el 27 de octubre, existirá un encuentro en Cuenca en donde se tratará el tema con Domingo Gómez Orea, catedrático de Medio Ambiente, Ordenación Territorial y Planificación del Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid, quien ha trabajado 40 años en esta materia y permanecerá 15 días en Ecuador, para conocer el proceso de nuestro país.

Con el Cootad se consolida el proceso de descentralización: Doris Soliz

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Quito (Pichincha).-La ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz Carrión, indicó que con la aprobación del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad) se consolida el proceso de descentralización en el Ecuador.
Al tiempo de felicitar a la Asamblea Nacional por la aprobación de esta Ley-que fue discutida y consensuada entre el Ejecutivo, Legislativo y todos los niveles de gobierno- la Secretaria de Estado recordó que en este cuerpo legal se establecen con claridad las competencias y atribuciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
La normativa establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio, el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera.
También desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial.
El martes, el Pleno acogiendo la moción del presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Virgilio Hernández, en el primer grupo se allanó a 83 observaciones del Ejecutivo, considerando que en unos casos aclaran el sentido y en otros mejoran la redacción de las disposiciones y se sujetan al marco constitucional. Aun quedan por resolver 7 objeciones del Ejecutivo que no tuvieron los votos ni para su allanamiento ni para insistir en el texto aprobado en segundo debate, razón por la que entrarían en vigencia por el ministerio de la ley, una vez que se cumpla el plazo legal.
La ministra Soliz también cuestionó la actitud de los sectores de oposición quienes -por cualquier vía- intentan obstruir el trabajo de la Asamblea Nacional. Acotó que una muestra de esa actuación es que ninguno de los asambleístas de la oposición ha presentado alternativas válidas para discutir en la Asamblea Nacional.
“La llamada muerte cruzada es un mecanismo extremo establecido en la Constitución, pero no es el momento para su aplicación. El pedido de la oposición es una actitud permanente de obstruir el trabajo de la Asamblea Nacional”, concluyó.

Una izquierda sin Chávez lucha por existir en Venezuela

REDACCIÓN Y FOTO: AGENCIA DE NOTICIAS AFP
Un movimiento de izquierda desencantado con el rumbo que toma el gobierno del presidente Hugo Chávez, en el que un día confiaron, aspira a encontrar un lugar político en las elecciones legislativas del próximo domingo, confiado en encarnar la decepción de miles de venezolanos.
Su bandera es la Constitución de 1999, impulsada por el propio Chávez, y su objetivo, una Asamblea Nacional plural, democrática, independiente del gobierno y alejada de la polarización que divide en dos a la sociedad venezolana.
"Parte del descontento que vivimos se debe a que la gente se da cuenta de que éste no fue el régimen por el que se votó. Se vende como una profundización de la Constitución o una radicalización de la revolución, pero no. Este modelo no es participativo", lamentó la historiadora Margarita López Maya, candidata a diputada por el partido Patria Para Todos (PPT).
El PPT no quiere ser "un chavismo sin Chávez" sino representar una tercera vía entre el Partido Socialista (PSUV), del jefe de Estado, y la llamada Mesa de la Unidad Democrática, un conglomerado que aglutina a sus detractores.
La prioridad de sus diputados sería un nuevo modelo económico alejado del rentismo petrolero y la despolitización de cuestiones como la violencia, la salud o la educación.
"El PPT se ha convertido en una esperanza posible en un país marcado por los extremismos políticos (...). Estamos comenzando a construir una nueva mayoría, una alternativa que hable al país de diálogo, tolerancia y respeto", aseguró a la AFP Henri Falcon, gobernador del estado de Lara (norte), que abandonó el partido de Chávez hace algunos meses para pasar al PPT.
Pero para el jefe de Estado venezolano, estos políticos son sólo un grupo de traidores condenados al fracaso.
"Ellos dicen que son verdaderos demócratas y que yo soy un autoritario. Lo que son es traidores, defensores del imperio y la burguesía", dijo recientemente el jefe de Estado.
En la actual Asamblea Nacional, el chavismo tiene 139 diputados sobre un total de 167. El resto son disidentes, que entraron al Parlamento en unión con el chavismo en 2005 y con el tiempo se fueron separando del presidente.
"Yo no seguí a un hombre, seguí un proyecto que está en la Constitución", subrayó a la AFP el diputado Juan José Molina, del partido de izquierda Podemos, disidente y con seis diputados en el Parlamento.
Para López Maya, "los venezolanos están cansados de la división política y de la ausencia de debate".
"La política se ha reducido a si Chávez nos cae bien o mal", aseguró.
Sin embargo, y según esta candidata, el problema es que los venezolanos tampoco ven "una oposición en la que confiar" por ahora.
"Hay que entender que Chávez fue una ruptura con el pasado pero ese pasado está todavía ahí, creyendo que va a sobrevivir políticamente", opinó.
El domingo, el objetivo del PPT es mantener los seis diputados con los que cuenta actualmente. "Si se logra, el PPT podría decir a Chávez: 'Estoy vivo, no me mataste'", aseguró Lopez Maya.
Según los últimos sondeos, las fuerzas no chavistas podrían obtener un total de unos 60 escaños y convertirse en un verdadero contrapeso al PSUV.
Para Falcón, la esperanza es que al PPT se vayan sumando otras fuerzas políticas para crear, más allá de sus diferencias, un bloque que haga frente al oficialismo en el Parlamento.
"El gobierno nos ofrece un candidato único. La propuesta del PSUV es seguir arrodillados ante Chávez, pero el 26 de septiembre tendremos una Asamblea plural y diversa", corroboró Molina.
"La izquierda venezolana puede obviamente funcionar sin Chávez. El no es un hombre de izquierda, es un autócrata con fijación por el poder", agregó.
En opinión de Falcón, el descontento en las filas chavistas aumenta ante el actual rumbo del gobierno, pero "gobernadores, ministros y alcaldes tienen miedo".
"El gobierno ha tomado la herramienta del miedo para neutralizar la desbandada. Pero dependiendo de los resultados, podría haber una estampida en el PSUV", concluyó.

Ecuador pidió a EEUU que interceda para que Colombia refuerce su frontera

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Ecuador pidió a Estados Unidos que interceda ante Colombia para que refuerce la seguridad en su frontera, informó este miércoles en Washington el ministro de Defensa ecuatoriano, Javier Ponce.
La petición la hizo Ponce a su par estadounidense, Robert Gates, con quien se reunió el lunes en el Pentágono.
"Le he planteado al ministro Gates que sería importante que Estados Unidos insista ante Colombia para que Colombia tenga una presencia más clara y definida en la línea de frontera", indicó Ponce a periodistas.
"En la medida que Estados Unidos colabora muy intensamente con el gobierno colombiano, que también actúe frente al gobierno colombiano para asegurar una mejor presencia en la frontera con el Ecuador", reiteró el ministro.
Ponce, quien en la capital estadounidense se reunió también con otros funcionarios del gobierno de Barack Obama y congresistas, indicó que mientras Ecuador tiene en la frontera con Colombia 19 destacamentos y 10.000 militares, el vecino país tiene tres destacamentos y a unos 4 km de la línea fronteriza.
Mientras en el pasado Colombia ha denunciado presencia de rebeldes colombianos en territorio de Ecuador y Venezuela, estos dos países han criticado la falta de presencia de fuerzas de seguridad colombianas para resguardar la frontera.
Las relaciones con Colombia, que quedaron rotas por más de un año luego de un ataque colombiano a un campamento guerrillero en Ecuador en marzo de 2008, "viven un momento muy positivo", dijo Ponce, quien saludó la "apertura" y las "condiciones de diálogo" creadas por el presidente Juan Manuel Santos.
Por otro lado, Ponce anunció que Estados Unidos destinará 15 millones de dólares para colaborar con el Plan Ecuador, un programa que busca mejorar las condiciones de vida de las poblaciones fronterizas, la "única posibilidad de proteger y defender la frontera de grupos irregulares", indicó el ministro.
Este dinero, que será canalizado a través de la agencia de cooperación estadounidense USAID, se unirá a los más de 50 millones de dólares que dedica Estados Unidos al año para planes de colaboración con Ecuador, unos 10 millones de ellos para la zona fronteriza.
Ponce indicó que Gates le aseguró que participaría en una reunión de ministros de las Américas en noviembre en Bolivia, donde podría plantearse el tema de las "medidas de confianza mutua" entre el Consejo de Defensa de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) y Estados Unidos.
En cuanto a las relaciones bilaterales, Ponce habló con Gates de la necesidad de "profundizarlas".
El ministro destacó que el hecho de que el año pasado concluyera el convenio que permitía a Estados Unidos utilizar la base aérea de Manta (suroeste) "abrió un escenario de relaciones absolutamente transparentes en el que podemos compartir acuerdos y desacuerdos entre los dos Estados".
Con la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, Ponce discutió sobre la necesidad de aumentar la cooperación ante el tráfico de personas, un flagelo que ha tomado mayor notoriedad desde la masacare en México en agosto de 72 emigrantes latinoamericanos, al menos uno de ellos ecuatoriano.
Ponce agradeció la actuación de las autoridades norteamericanas, que rescataron esta semana a un niño ecuatoriano secuestrado cuando intentaba ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
El niño "ya se comunicó con su madre", dijo Ponce, quien señaló que se espera que regrese a Ecuador en dos o tres semanas.