Comisión de Justicia promueve diálogo social sobre consulta prelegislativa

REDACCIÓN Y FOTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA
QUITO.- Con representantes de la ONU, Conaie, Codae, Universidad Andina Simón Bolívar, Codenpe, entre otros, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado abrió un proceso de diálogo social para receptar los criterios de las diversas organizaciones sociales y ciudadanas sobre la consulta prelegislativa.
De esta manera, se analizó, intercambió experiencias y presentaron aportes al respecto, las cuales podrían incorporarse en el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La asambleísta María Paula Romo, presidenta de la comisión, destacó la necesidad de definir, con claridad, quién hace la consulta, qué se consulta, a quiénes, en qué momento y cómo se procesan sus resultados.
Argumentó que la Comisión de Justicia considera que la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de llevar adelante la consulta prelegislativa y puede pedir la ayuda, el apoyo y la participación de las organizaciones representativas de los pueblos y comunidades, de los órganos electorales o de otro espacio de la institucionalidad estatal.
La Secretaría de Pueblos o las municipalidades también pueden prestar su contingente, dijo, tras precisar que dicha consulta se la tiene que hacer a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, así como a los pueblos afro ecuatorianos y montubios, respetando lo que dispone la Constitución.
Sin embargo, falta clarificar si ésta se hace a los dirigentes de las organizaciones, a los representantes de las federaciones, a representantes de las filiales regionales, tomando en cuenta que los convenios internacionales y la propia sentencia de la Corte Constitucional establecen que deben consultarse a los pueblos y a las comunidades que puedan tener una afectación real y concreta a través de la aplicación de una medida legislativa, puntualizó.
De su parte, José Chala Cruz, secretario Ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano, sostuvo que no está en discusión el hecho que la Asamblea tiene que realizar la consulta, acatando los principios constitucionales y ésta debe hacerse antes del primer debate de un determinado cuerpo jurídico.
Entre tanto, Cecilia Velázquez, de la Confederación de Nacionales Indígenas, Conaie-Mujer, comentó que lo ideal sería consultar a toda la población; no obstante, por la prioridad y agilidad no será posible, pues para ello están reconocidas sus instancias institucionales: comunidad, comuna, los pueblos y las nacionales, Se mostró partidaria de que los grupos inmersos en el tema participen activamente en la construcción colectiva de las leyes, de manera secuencial, además que se conforme un grupo especializado que contribuya al procesamiento de los resultados, en apoyo a la comisión especializada.
A su vez, Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU, compartió la idea de la OIT de prever la opinión de un órgano técnico especializado sobre la procedencia de la consulta, entonces se respaldará la decisión política de la Asamblea con una opinión técnica previa, para evitar posibles cuestionamientos en el aspecto constitucional.