Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Internacional de Servicios Públicos analizan reformas a la LOSEP

REDACCIÓN Y FOTO: OFICINA DE PRENSA ASAMBLÍESTA NIVEA VELEZ
QUITO.- Delegaciones de organizaciones de servidores públicos del país, coparon el salón del Ex Senado de la Asamblea Nacional, y contribuyeron con sus aportes en el foro denominado “Por una Ley de Servicio Público desde la Normativa Internacional del Trabajo y el Diálogo Social”, el mismo que fuer organizado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, con el apoyo de la Internacional de Servicios Públicos.
La finalidad de este foro, según la Presidenta de la Comisión Nivea Vélez, es armonizar la Ley Orgánica de Servicio Público con la normativa de la Organización Internacional del Trabajo OIT. Para el efecto dijo se ha presentado una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP y conoce también que existen otros proyectos de reforma a los cuales espera que el Consejo de Administración Legislativa CAL los califique y remita a la Comisión para su debido tratamiento.
La asambleísta Dora Aguirre, delegada del Presidente Fernando Cordero y vicepresidenta de la Comisión 2, señaló que Ecuador vive un escenario distinto y diferente en lo que se refiere a la mejora de la calidad de los servicios públicos. Recalcó que la Asamblea Nacional trabaja con la participación de la ciudadana para lograr consensos en la construcción de leyes.
Por su parte Juan Diego Gómez de la Internacional de Servicios Públicos, dijo que a nivel de la región latinoamericana se vive la tendencia regresiva de los derechos de los servidores públicos.
Un total de 24 asociaciones de servidores públicos del país acudieron a expresar sus puntos de vista distribuidos en cuatro grupos de trabajo que conllevó a establecer resoluciones importantes.
Resoluciones
Convocar a una profunda reflexión política, tanto a la Asamblea Nacional como a las fuerzas vivas del país, que permita reformar la Ley Orgánica de Servicios Públicos, recuperando los consensos logrados en el proceso de discusión de la Ley e incorpore plenamente los derechos de libertad sindical, negociación colectiva y demás derechos laborales conculcados por el texto actual de la Ley.
Considerar la necesidad de abrir una discusión sobre la posibilidad de establecer un solo régimen laboral en el Ecuador, que incorpore los derechos fundamentales, contenidos en los Convenios Internacionales de la OIT.
Invitar al gobierno del Ecuador a un amplio diálogo social, alrededor de los temas concernientes a los derechos de los trabajadores/as del sector público y de la calidad de los servicios públicos, con el acompañamiento técnico de la Organización Internacional del Trabajo OIT.
Promover la ratificación, por parte del Estado ecuatoriano, de los convenios internacionales de la OIT 151 y 154, los mismos que fijan los pisos mínimos de protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública al igual que sobre el fomento de la negociación colectiva. A su vez, insistir en el respeto a los Convenios 87 y 98 de la OIT, debidamente ratificados por el Estado ecuatoriano.
Profundizar los procesos de unidad de los/as trabajadores/as del sector público, lo que permitirá elevar la capacidad de propuesta frente a los servicios públicos. Para ello, se fortalecerán las redes y mesas de trabajo sectoriales, de común acuerdo con las centrales sindicales ecuatorianas, de tal manera que se construyan propuestas unitarias.
Elevar ante los organismos internacionales, OIT, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros escenarios mundiales las respectivas denuncias y quejas, por la reiterada violación a los derechos de los trabajadores del sector público. Además, realizar pronunciamientos frente a la penalización de la protesta de los trabajadores.
Reiterar nuestro interés de fortalecer la democracia en el Ecuador, mediante la participación de los/as trabajadores/as del sector público, en la construcción de políticas públicas alrededor de servicios públicos incluyentes, transparentes y democráticos.