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Mañana entrará en vigencia Ley de Hidrocarburos, dice Correa

QUITO. La Asamblea Nacional nuevamente será hoy escenario de una medición de fuerzas políticas, cuando el pleno intente reunirse a partir de las 19:45 para aprobar o negar el proyecto urgente que reforma las leyes de Hidrocarburos y de Régimen Tributario.

Más que los votos, la pugna se centrará en los plazos en que la Comisión de Régimen Tributario debió presentar el informe para segundo debate, tomando en cuenta que los 30 días que determina la ley para tramitar un proyecto urgente vence hoy a la medianoche.

Pero ayer en su enlace sabatino, el presidente Rafael Correa sentenció que el proyecto entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley y que mañana lunes lo enviará al Registro Oficial para su publicación.

El Mandatario cuestionó a la oposición, pues a su criterio provocó que vencieran los plazos para que la Asamblea discuta estas reformas que el Ejecutivo envió con el carácter de económico urgente.

“El lunes enviaré (el proyecto) al Registro Oficial porque no se cumplieron los plazos, así que probablemente se inicie una pugna de poderes”, afirmó Correa, quien dijo que la prensa estará feliz por ello.

Responsabilizó a la oposición de haber obstruido varios proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, entre ellos el de las reformas al sector petrolero. Corrrea aseguró que los 30 días que tiene la Legislatura para tratar este proyecto se cumplen hoy a la medianoche, por lo que mañana entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley.

El Jefe de Estado argumentó que se incumplieron los tiempos, pues entre la presentación del informe para el primer debate y aquel para el segundo debate hay un plazo de cuatro días que concluyó el viernes 23 de julio a las 24:00. Sin embargo, dijo, la comisión entregó el informe a las 19:45 del viernes, procedimiento que calificó de ilegal.

Agregó que como la convocatoria al pleno debe hacerse con 48 horas de anticipación, el informe tendría que debatirse mañana pero que como se cumplieron los 30 días de plazo el texto ya estará vigente.

El anuncio del Presidente obligó al bloque oficialista a convocar a una reunión previa a la instalación del pleno: será hoy a las 17:00 en el primer piso de la Asamblea.

Así lo revelaron los asambleístas Juan Carlos Casinelli y Ángel Vilema (ambos de PAIS), quienes coincidieron en que la aprobación del proyecto urgente no es un tema de votos, sino de una interpretación jurídica respecto de los tiempos que establece la ley para la presentación de informes y el posterior debate en el pleno.

Casinelli compartió la misma postura de Correa sobre los tiempos y explicó que el Código Civil determina que los plazos se extinguen a las 24 horas de cada día, por lo que el plazo para que la comisión presente el informe final venció a la medianoche del viernes, dijo.

Según la Ley de la Función Legislativa, deben transcurrir 48 horas antes de que el pleno conozca el informe, por lo tanto, ya no hay tiempo para debatir y aprobar, y el siguiente paso jurídico es que el proyecto entre por el Ministerio de la Ley, aseguró Casinelli.

Desde el lado de la oposición, Luis Noboa (Prian) inició conversaciones para reunir a todos los asambleístas de ese sector, antes de la reunión del pleno, para advertir de las intenciones que tiene el Gobierno de desconocer a la Asamblea como el órgano legislativo y presionar a sus asambleístas para que se sumen a su tesis del Ministerio de la Ley.

Aunque se ha llamado a la sesión del pleno para debatir el proyecto, los ecuatorianos “serán testigos del manejo perverso del Presidente de la Asamblea” en cuanto a los tiempos para darle gusto al presidente Correa de que el proyecto pase por el Ministerio de la Ley, alertó el prianista.

Noboa será el encargado de fundamentar el informe de minoría y se enmarcará en las inconstitucionalidades de fondo y de forma que contiene el proyecto de ley y la violación de los derechos adquiridos de los trabajadores de las petroleras privadas.

Jorge Escala (MPD) denunció que con la posición del presidente Correa, frente a la ley urgente, se consagra el “pacto doloso” entre el Gobierno y las compañías petroleras, porque oportunamente se denunció que a través de correos electrónicos se anticipaba a las petroleras que estaba garantizada la aprobación del proyecto por el Ministerio de la Ley.