Gobierno pule Agenda de Política Económica 2011-2013

REDACCIÓN Y FOTO: PRESIDENCIA DEL ECUADOR
Quito (Pichincha).-El Gobierno tiene casi lista la Agenda de Política Económica 2011-2013 que debe entrar en vigencia en enero del próximo año. El objetivo es viabilizar las estrategias sectoriales y su sincronización con el nuevo marco jurídico y de planificación, así como con las agendas para la transformación productiva y de economía popular y solidaria.
En este proceso, la ministra coordinadora de Política Económica, Katiuska King, presentó este miércoles, ante delegados de varias instituciones del Estado, el segundo punto de la agenda sobre políticas redistributivas y desarrollo económico.
Anteriormente, ya se discutió el primer punto relacionado con las políticas de financiamiento para el desarrollo. Y, en el transcurso de este mes se continuará con los otros dos puntos adicionales que tienen que ver con la política económica, desarrollo y ambiente; y, políticas comerciales, protección del empleo y la manufactura.
Uno de los puntos en los que puso énfasis la ministra, fue en el consumo de gas que debe destinarse, exclusivamente, para el uso doméstico. En este contexto King destacó la necesidad de optimizar el subsidio de ese derivado del petróleo.
De igual forma, habló sobre un recambio del consumo de diesel 2 en la generación termoeléctrica, cuya importación representa al Estado ingentes sumas de dinero porque se vende en el mercado interno a precios subsidiados.
La ministra reveló que un estudio recomienda utilizar el gas natural en la generación térmica, en lugar del diesel. El Ecuador ya emplea ese producto que se extrae del bloque 3 del Golfo de Guayaquil, en la planta termoeléctrica de Machala Power.
Respecto a la política fiscal, King manifestó que debe intensificarse la progresividad de la recaudación tributaria y evaluar la gestión pública para corregir ineficiencias del gasto público, que necesariamente “no son de este Gobierno, sino propias del sector”.
También se refirió a la Ley Antimonopolio como factor fundamental para evitar prácticas que repercuten en los precios o incremento de los mismos a los consumidores finales. En tanto que “ciertas deducciones fiscales deberían estar mejor reglamentadas para ponerlas a disposición del sistema financiero”.
A esto sugirió, se debería añadir el fortalecimiento del sistema de garantías para un “mayor acceso de las Pymes (pequeñas y medianas industrias) y economías de tipo solidarias que no cuentan con las garantías suficientes para acceder al crédito”.
En este ámbito también se analizaron los aspectos realcionados con la especialización del sistema público en el crédito de fomento productivo.