Cootad no supera las dudas por entrega de los recursos

REDACCIÓN: DIARIO EL UNIVERSO
FOTO: JORGE PEÑAFIEL
La organización de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a nivel regional, provincial, cantonal o metropolitano y parroquial ha puesto en ‘alerta’ a las autoridades, que analizan cómo formarían sus regiones y los puntos del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad) que, dicen, solicitarán sean vetados por el Ejecutivo, que tiene hasta el próximo 11 de septiembre para analizarlo.
Aunque el conocimiento del Cootad es paulatino, en los últimos días las reuniones de trabajo han ido en aumento. Las han mantenido en localidades del Oriente, donde han exteriorizado la ambición de convertirse en región Amazónica agrupando a las seis provincias; también las han realizado prefectos de Sierra y Costa, en Quito; y en el centro del país, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi critican el deseo de la Senplades (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo) de unirlas en una región con Pastaza, según Mariano Curicama, prefecto de Chimborazo y vicepresidente del Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (Concope).
Para aplicar el Cootad, uno de los primeros pasos sería que dos o más provincias conformen regiones de donde nacerá el Gobierno Autónomo Descentralizado Regional (ver gráfico), que sería dirigido por un Gobernador, quien no será designado por el Presidente como se lo ha hecho hasta hoy en las provincias, sino elegido por voto popular.
Le siguen el GAD provincial, dirigido por el Prefecto; el GAD cantonal o metropolitano, que presidirán los alcaldes; y el GAD parroquial, conducido por líderes de juntas parroquiales (ver gráfico). Tal como sucedió en el proceso electoral del 2009, y según lo que establece la Constitución, los consejeros serán los representantes de los 25 municipios y de las parroquias.
Cuando el Cootad entre en vigencia y se aplique en su totalidad habrán pasado unos ocho años, pero algunas autoridades muestran preocupación porque principalmente dicen sentirse inseguras de que contarán con los recursos necesarios para financiar las competencias que, por ley, deben asumir; además critican la opción de que pueden autofinanciarse a través de rifas, impuestos y autogestión.
Aunque entre varios prefectos y alcaldes también es notorio el desconocimiento, incluso algunos prefieren no opinar. Quienes hacen su análisis refieren las competencias que para ellos son las principales: agua, educación, salud y seguridad ciudadana.
Además de planificar el desarrollo provincial y llevar adelante los planes de ordenamiento territorial, entre las competencias que asumirán los GAD provinciales están “planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la Constitución y la Ley”.
Pero Curicama cree que hay muchas cosas que deben quedar bien claras, porque, por ejemplo en su provincia, cuenta, no van a poder hacerse responsables de los gastos en recursos humanos del INAR (Instituto Nacional de Riego), pues “tiene demasiados empleados y no podemos asumir tanta burocracia”.
En el ámbito cantonal, los GAD tienen la opción de “crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana”. Labores de este tipo ya mantuvieron, en conjunto con el Gobierno, los municipios de Cuenca, Guayaquil y Quito a través de las corporaciones de seguridad.
Sin embargo, cuando refiere competencias en el tema educativo, Milton Luna, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Contrato Social por la Educación (CSE), cree que sería un gran problema para la educación, porque los municipios no pueden convertirse en simples obreros constructores.
Lo dice porque el texto del Cootad no refiere el crear políticas como sí lo hace en seguridad, sino que el artículo 55, literal g, de las competencias del GAD municipal, indica: “Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo...”.
Según Luna, ese texto “vuelve ambigua la participación de los municipios, que serían simples ejecutores del proyecto diseñado por el Ministerio”.
Para él, si en salud y educación los gobiernos locales no participan de las políticas no habrá descentralización. “Las regiones van a ser gobiernos independientes, para serlo necesitan controlar y desarrollar los procesos de su territorio”, manifiesta; a la vez que indica que, según sus análisis, ahora la Constitución y las leyes les restan capacidades en el diseño y participación de las políticas a los gobiernos cantonales, por lo que ve lejana una verdadera autonomía.
En el tema salud, Eduardo Verdesoto, ex director del área en Guayas, considera que la frase “Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud...” limita a los municipios a eso y no podrán ser más prestadores de servicio, como sucede ahora. Sin embargo, la aplicación del Cootad no será retroactiva.
Además indica que en el tema salud aún no se efectúa ninguna labor de coordinación entre las unidades médicas existentes (hospitales estatales, de la Junta de Beneficencia, Solca, etcétera) y se necesitará bastante tiempo e inversión (no tiene el cálculo de cuánto) para diseñar un plan conjunto que se pueda poner en funcionamiento entre los GAD.
Hay alcaldes, como Michel Achi, de Playas, que no tienen la seguridad de poder asumir las competencias. “Nosotros estamos en capacidad administrativa de hacerlo, lo que no estamos es en capacidad financiera, porque el Municipio ya de sus fondos no puede subsidiar otras competencias”, dice el personero municipal, quien ve la posibilidad de incrementar ciertas rentas. “Estamos preparando un proyecto pues ¬viendo la iniciativa de Quito con respecto a ciertas tasas a la circulación vehicular¬ creemos que nosotros también podríamos como cantón implementar alguna tasa a los visitantes, no afectando a nuestros ciudadanos”, asevera.
También piensa que si debe financiar al Cuerpo de Bomberos, no podría. En el artículo 140 el Cootad, donde refiere la competencia de las alcaldías en gestión de riesgos, indica: “...los Cuerpos de Bomberos serán considerados como entidades adscritas a los GAD municipales, quienes funcionarán con autonomía administrativa y financiera...”.
Un sistema público nacional que pasaría a ser administrado por los municipios es el Registro de la Propiedad. El artículo 142 indica: “Su administración se ejercerá de manera concurrente con los GAD municipales de acuerdo con lo que disponga la ley que organice este registro. Los parámetros y tarifas de los servicios se fijarán por parte de los GAD municipales”.
El Cootad, además, amplía los espacios de participación ciudadana, establecidos en la Constitución, a nivel de todos los gobiernos autónomos. Primero, reconoce los barrios como unidades básicas de participación y determina que sus representantes deben conocer los presupuestos y firmar una resolución que demuestre su conformidad con todas las prioridades de inversión antes de pasar al órgano legislativo para su aprobación.
En este sentido, en el Oriente ya hay experiencia. La prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, explica que las asambleas son convocadas por los presidentes de juntas parroquiales, líderes barriales y de organizaciones sociales ¬unos 2.200 representantes¬ que a través de mesas por cada área (salud, educación, deportes, etcétera) deciden el destino de la inversión.
Antonio Morán, presidente de la Junta Parroquial Rural Las Lojas de Daule, dice que a las juntas les favorece el nuevo reparto de recursos, por las necesidades insatisfechas que tienen. En su parroquia, la más extensa en Daule (hay 3 más: Limonal, Juan Bautista Aguirre y Laurel), con 12.200 habitantes según el Censo del 2001, le correspondería recibir $ 137 mil, de acuerdo con información recibida.
“Ahora recibimos $ 37 mil, que solo se nos iban en gastos administrativos, pero con $ 100 mil más podremos invertir en obras: canchas, mantener una escuela, el subcentro de salud, incluso con esto nos han dicho que podemos ser sujetos de crédito con el Banco del Estado, por ejemplo”, cuenta el dirigente.