Comisión de Participación busca salida a conflicto de ex trabajadores de la desparecida Junta de Defensa

REDACCIÓN Y FOTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA
QUITO.- Con la presencia de la viceministra de Defensa, Rosa Pérez, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social centró su mayor interés en buscar una fórmula de solución al conflicto de los ex trabajadores de la desaparecida Junta de Defensa Nacional, quienes reclaman que su liquidación se someta al Mandato Constituyente No. 2.
En la reunión también estuvieron presentes el asesor jurídico del ministerio, Gonzalo Salvador; el abogado defensor de los ex funcionarios de la entidad, Manuel Mora y el grupo de reclamantes.
La viceministra Rosa Pérez precisó que el correspondiente Mandato estableció un piso y techo, mas no una cantidad exacta para los casos de indemnización por supresión de partidas y dejó esa responsabilidad legal en manos de la anterior Secretaría Nacional Técnica de Remuneraciones, Senres, hoy Ministerio de Relaciones Laborales.
Dicho organismo, luego de la respectiva consulta al respecto formulada por el Ministerio de Defensa, dispuso el pago de mil dólares por cada año de servicio, hasta un tope de 30 mil dólares, enmarcado en las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Civil, Carrera Administrativa y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público (Loscca).
Reiteró que el Ministerio de Relaciones Laborales es la instancia de competencia para resolver el tema, por lo que se mostró partidaria de que la Comisión invite a sus principales autoridades, a fin de acercar posiciones y lograr una salida legal al problema, sin afectar el interés económico del país.
De su parte, Manuel Mora sostuvo que el Mandato Constituyente y el pronunciamiento de la Procuraduría son de estricto cumplimiento, por tanto, el Ministerio de Defensa no puede interpretar una determinada norma, tras precisar que sus defendidos están incluso dispuestos a aceptar una reliquidación en un monto de 1 400, tal como sucedió con los ex trabajadores del comisariato de las Fuerzas Armadas.
Alternativa
De su parte, el legislador Luis Morales, presidente de la Comisión de Participación, respaldó el criterio que solo la Asamblea puede interpretar la ley, al comentar que la Junta contaba con recursos propios por alrededor de 46 millones, de los cuales se podría atender las inquietudes de los 30 afectados, para lo que se requeriría aproximadamente 110 mil dólares.
Anunció que el ente legislativo podría aprobar un proyecto de resolución en los mismos términos que lo ocurrido con la problemática del comisariato del Ejército.