Falta de garantías impidió sesionar a la Asamblea el martes 5

REDACCIÓN Y FOTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA
QUITO.- El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, enfatizó que la presencia de los miembros de la Escolta Legislativa en la custodia de la institución, no brindaba las garantías indispensables para que el Pleno pueda desarrollar sus actividades.
Conforme lo establecido en la Disposición Especial Segunda de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Escolta, que es parte de la fuerza policial, debe obedecer las órdenes exclusivas del Presidente de la Asamblea Nacional y tiene como misión fundamental atender, en el recinto legislativo, la seguridad de las y los asambleístas, personal asesor, funcionarios, empleados, visitantes e instalaciones de la Asamblea.
Sin embargo, una vez revisados los registros gráficos y de video de los hechos ocurridos el pasado 30 de septiembre, varios efectivos de la Escolta Legislativa se apartaron de la misión a ellos encomendada. Incluso uno de los miembros del personal de seguridad del Presidente de la Asamblea Nacional que debía permanecer en la ciudad de Cuenca, estuvo presente en los incidentes del jueves último.
Aseveró que la Escolta, en una flagrante violación a la Ley de la Función Legislativa no solo que no aceptó las órdenes de la Presidenta encargada de la Asamblea, sino que permitió la agresión a varios asambleístas e impidió el ingreso de funcionarios, autoridades y representantes de medios de comunicación, lo cual puso en peligro la seguridad de la Asamblea Nacional, símbolo de la democracia.
Aseveró que en estas circunstancias, no existían las debidas garantías y seguridades para que pueda sesionar el Pleno de la Asamblea Nacional, razón por la que se suspendió la convocatoria de ayer.
Aclaró que es absolutamente falso que las sesiones han sido suspendidas indefinidamente, pues mañana tendrán dos sesiones. En la mañana, a las 09h30, tratarán el Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano – Peruano y en la noche, a las 19h00, continuarán el primer debate del proyecto de Ley – Código de Planificación y Finanzas Públicas, que tiene el calificativo de económico – urgente.