628 empleados de Petroecuador estarían vendiendo gasolina ilegalmente

REDACCIÓN Y FOTO: PRESIDENCIA DEL ECUADOR
Quito (Pichincha).- El secretario de Transparencia de Gestión, Juan Sebastian Roldán, denunció –frente al procurador General de la Nación, Diego García- que 628 empleados de Petroecuador estarían involucrados en una sociedad artificiosa para vender gasolina en el norte del país.
Así lo confirmó el funcionario, quien entregó en manos de García toda la documentación de la denuncia respectiva, con el fin de que se inicien los trámites procesales y legales de este caso, donde este número de empleados –aún laborando en la empresa estatal- estarían vinculados a una empresa (Gaspetsa ) de actividades ilegales con el expendio de combustible, por un monto de 3 millones de dólares.
El 25 de febrero de 2005 se firma un convenio entre estas compañías donde se delega a Gaspetsa la elaboración, almacenamiento y despacho de combustible para pesca artesanal en el norte del país, a 0.05 centavos por galón, durante un período de 10 años, función que realiza la petrolera estatal en el centro y sur del país sin intermediarios.
“A nosotros nos corresponde, y eso hicimos ayer, ir a la Fiscalía General de la Nación, para informarle sobre los posibles actos delictivos que se estarían cometiendo, y hoy hemos venido donde usted por la importancia que tiene para nosotros y el Estado ecuatoriano”, dijo Roldán a García, pidiendo que sea la Procuraduría la que defienda los intereses del Estado en relación a los posibles actos penales.
Para Roldán, este caso podría significar “la demostración mas clara de la desvergüenza en los negocios públicos en el país”, sin embargo, aclaró que en este caso “podemos presumir delitos en contra de la administración pública y también se estarían incurriendo presumiblemente faltas en contra del Código de Trabajo, de la Ley de Empresas Públicas y de los reglamentos de Petroecuador”.
Garcia, por su parte, aclaró que frente a la posibilidad de un cometimiento de un delito de esta clase, la Procuraduría hará las gestiones necesarias en el proceso, una vez que se haya estudiado la documentación para defender los intereses del Estado, en el caso de que éstos se hayan visto afectados.
El secretario dijo además que los líderes sindicales de la estatal petrolera tenían la obligación de denunciar este caso.
Esta falta grave cometida por los empleados de Petroecuador es sancionada con destitución por la Ley de Empresas Públicas, Código de Trabajo y los Reglamentos Internos, que señala que está prohibido suscribir convenios o contratos con la empresa pública para obtener cualquier beneficio que implique privilegios para el servidor u obrero.
Otra de las irregularidades encontradas en este caso, es que la gran parte de los 628 funcionarios y a su vez accionistas de Gaspeta no incluyeron en su declaración patrimonial, las acciones que tienen en esta empresa, siendo éste, un delito contra la fe pública que es castigado con 9 a 12 años.