La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Servicio Público y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Ahora, como sucedió con la de Educación Superior hace apenas unos días, ambas leyes deberán ser estudiadas por el Ejecutivo para su ratificación o veto.
La primera de las leyes aprobadas tuvo 82 votos y la de Servicio Público contó con el favor de 108 legisladores. Ésta última norma, que reemplaza a la antigua Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, se propone como objetivo fundamental aparente el desarrollo profesional de los servidores públicos para mejorar la eficiencia del Estado. Sin embargo, con ella se fueron al basurero no pocas de sus conquistas laborales.
Es curioso que en tiempos de alto desempleo y subempleo la flamante reglamentación, entre otros aspectos, permita a los extranjeros que residan en el país por, al menos cinco años, prestar sus servicios como empleados públicos. Además, obliga a las instituciones públicas a contratar a un mínimo del 5 % de discapacitados y permite a los profesores de universidades públicas ejercer en varios de estos centros.
Pero la Ley tiene una “baraja marcada” en la manga: cada año los servidores públicos serán sometidos a evaluación, incluyendo a militares y policías. No hay que ser un genio para darse cuenta de que los parámetros para la evaluación serán un mecanismo de presión sobre el empleado público y un arma formidable en manos del Gobierno. La rapidez en levantar la mano de los asambleístas va a amargarle la vida a muchos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario