Se sugiere limitar en 500 ha. la propiedad de las tierras

FUENTE: DIARIO EL UNIVERSO
QUITO.- Un borrador de anteproyecto de ley de tierras delinea la redistribución del suelo y la expropiación a aquellas personas naturales y jurídicas que concentren las propiedades.
El documento base fue elaborado y entregado por el Sistema de la Investigación de la Problemática Agraria del Ecuador (Sipae) por pedido de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional y de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria creada mediante decreto ejecutivo para elaborar ocho leyes.
En el borrador que se somete a discusión, ya se fijan algunas definiciones sobre el manejo de la tierra. Por ejemplo, se establece que “se entenderá por concentración de la tierra cuando un predio o sumados varios de ellos, la superficie supere las quinientas hectáreas como parte de una sola propiedad privada”.
Cuando excedan ese número de hectáreas, se procederá a la expropiación del excedente de tierra y pasarán a formar parte del patrimonio de tierras del Estado, señala el documento.
Según el autor del proyecto y director ejecutivo de Sipae, Francisco Hidalgo, hay que establecer un límite máximo de tenencia de la tierra a partir de cuál se puede establecer procesos de redistribución. En el Ecuador no hay posibilidad de que crezca o se amplíe la frontera agrícola. Al establecer límites se amplía el mercado controlado de tierras, dice.
Para garantizar la redistribución del suelo, se debe constituir un patrimonio de tierras del Estado, para distribuirlas a favor de los campesinos e indígenas con poca o sin tierra.
En el país, según el censo agropecuario, hay cerca de 600 mil familias que viven en el campo con un promedio de 1,5 hectáreas cada familia. Esta inequidad hay que revertirla, dice Hidalgo.
En el documento se establece que la propiedad de la tierra en cualquiera de sus formas está garantizada por el Estado, mientras cumpla una función social y ambiental. Es decir, cuando sirva a los pequeños productores, comunidades, pueblos y nacionalidades; cuando la propiedad no es acaparamiento o cuando su titular no tenga deudas con la administración pública, tributaria o de seguridad social.
El autor de este proyecto admite que se busca proteger a los campesinos, según establece la Constitución. “Es necesario una política en donde el Estado garantice un proceso de acceso a la tierra, que permita una capacidad económica y social”.
Pedro Quimbiamba, vocal de la Conferencia de Soberanía Alimentaria, dijo que la propuesta empezó a debatirse entre las organizaciones sociales.