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sábado, 7 de agosto de 2010
La Corte ratificó que Jamil Mahuad no tiene orden de prisión por peculado
Redacción Judicial
judicial@elcomercio.com
La Segunda Sala Penal de la Corte Nacional emitió otro fallo histórico en favor del ex presidente de la República, Jamil Mahuad Witt.
Que dejó sin efecto la prisión preventiva y levantó el embargo de los bienes del ex Mandatario, quien dejó el país en el 2000.
Según el presidente de la Sala, Luis Quiroz, se lo hizo en cumplimiento de un auto dictado del 6 de junio del 2006, en el que se sobreseyó provisionalmente al ex Mandatario por peculado.
Según la Fiscalía General, Mahuad fue el responsable del feriado bancario que se decretó en 1999 y que permitió el congelamiento de los fondos de los cuentahorritas del país.
El Ministerio Público informó que el ex Mandatario no tenía el respaldo legal para adoptar esa medida. Según la Constitución, solo podía decretarla en caso de una eminente agresión externa, guerra internacional, grave conmoción interna o catástrofes.
Entonces, el fiscal Washington Pesántez señaló que ninguno de esos requisitos se cumplían y que, con el feriado, Mahuad “ favoreció a determinadas instituciones y personas (banqueros), al mismo tiempo que perjudicó al Estado”.
Según el Código de Procedimiento Penal, había que esperar tres años para poder reactivar el juicio y el pedido fue tramitado por Alfredo Alvear, cuando era director ejecutivo de la Comisión de Control Civil de la Corrupción. (CCCC).
El entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Velasco la autorizó.
“Presentamos alrededor de 5 000 pruebas nuevas sobre el caso y los jueces deben decir si ( Mahuad) es un santo o un culpable”, señaló Alvear.
La Corte Nacional realizó un sorteo para elegir al juez que sustancie la causa y la responsabilidad recayó en el judicial Raúl Rosero, pero él renunció. Entonces, la competencia pasó a manos del conjuez Luis Quiroz.
Según Alvear, cuando se emitió el sobreseimiento en el 2006, las medidas cautelares en contra de Mahuad quedaron sin efecto. Sin embargo, cuando se reabrió el caso, pudo quedar abierta un puerta para que se las vuelva a pedir.
Pero tras el fallo de Quiroz de anteayer esa posibilidad se cerró. Hizo explícito la suspensión de las medidas cautelares y ratificó el sobreseimiento de Mahuad.
La resolución de Quiroz también beneficia a la ex ministra de Finanzas y Crédito Público, Ana Lucía Armijos. Ella fue mano derecha de Mahuad durante la crisis bancaria. En el auto dictado el 6 de junio del 2006, Armijos fue sobreseída definitivamente.
Víctor Granda y Jorge Rodríguez, denunciantes del caso Mahuad, rechazaron ayer la medida adoptada por Quiroz. A través de un comunicado público aseguraron que en este tipo de juicios (por peculado) las medidas cautelares como la prisión preventiva son “elementales”. Por eso “hemos solicitado al presidente de la Corte y a quienes han sustanciado la causa que incluso se tramite la extradición de Mahuad, conforme a los convenios y tratados internacionales que están vigentes entre Ecuador y Estados Unidos”.
Lamentablemente, agregaron, ni siquiera el Fiscal General, cuando emitió su dictamen, ni posteriormente, “pidió las medidas cautelares que son de elemental sentido común, si se persigue que la Ley y la justicia se impongan por igual a todos los ecuatorianos”, reza el comunicado.
Granda y Rodríguez solicitaron al conjuez Quiroz que deje sin efecto o revoque la ejecución del levantamiento de las medidas cautelares y que expida el auto de llamamiento a plenario.
“Le pedimos que deje de dilatar el proceso sin justificación alguna, ya que es evidente el amplio favoritismo que la administración de justicia ha demostrado con el ex Presidente Jamil Mahuad”.
Alvear, en su actual cargo de fiscal Subrogante, dijo que anteayer presentó un escrito ante la Corte Nacional de Justicia donde se dice que “no procede levantar las medidas cautelares (de Mahuad y Armijos) porque se viola la reapertura al auto de sobreseimiento provisional”.
Además, que el caso está en espera de sentencia y que esto “nada tiene que ver con el levantamiento de las medidas”. Lo que la Sala tiene que hacer es dictar sentencia, reiteró.
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